CARTA A ISABEL CARRASCO

Diario de León, sábado 8 de diciembre de 2007


ESTIMADA ISABEL CARRASCO LORENZO, a ti me dirijo, como Presidenta que eres de la Diputación de León -discúlpame el tuteo, pero como vivo en un pueblo, me siento abrigado por la Institución, y eso, quieras o no, da cercanía- para manifestarte mi preocupación. ¿Por qué?. Fácil resulta y de ello seguidamente te daré cumplida cuenta.
Aparece en nuestro Decano periódico, Diario de León, publicada en fecha 27 de noviembre, una noticia que, se barruntaba, pero inocente de mí, me resistía a que llegase, título: “LA DIPUTACIÓN NO PRESENTARÁ ALEGACIONES CONTRA LA SAMA-VELILLA”, porque no es parte implicada en el proyecto (sic.). Tampoco la Diputación entrará en la discusión de si la línea de alta tensión es o no realmente necesaria (sic.). Según fuentes del equipo de gobierno. Nuevamente mis disculpas si no eres la protagonista, coautora o ideóloga de las declaraciones, pero ya se sabe, quien preside, representa.
Isabel, después de leer esto, te diré, con todos los respetos, que el primer pronunciamiento, resulta del todo improcedente. La Diputación está legitimada y es parte implicada, por los intereses provinciales que se verán gravemente afectados; y respecto a la segunda declaración, automáticamente a la mente me viene el brocárdico “excusatio non petita, accusatio manifiesta”.
Por aclarar, creo conveniente aludir –que no eludir- el art. 36 de la Ley 7/1985 de B.R.L. que al enumerar las competencias propias de la Diputación, establece, en todo caso, asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, y en general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la Provincia.
Isabel, qué difícil me resulta después de lo manifestado entender que la Diputación no es parte implicada en el proyecto de la línea. De nuestra provincia se desgajará una parte importante de territorio -por un muro de campo electromagnético, invisible, pero tan letal como el de Berlín-, nuestro paisaje se devaluará críticamente, nuestra economía se enfangará –ni un céntimo de ganancia, y en el caso de haberla, estaría envenenada-, la salud de nuestra gente se verá seriamente afectada , nuestro patrimonio histórico será destruido en muchos casos, nuestro desarrollo sostenible se irá al garete –qué insensato va venir a nuestras casas rurales o a recorrer nuestros senderos volados por semejantes torres y cables-, nuestra naturaleza –pobre faedo, pobres rebollares, pobres encinales, pobres hayedos, pobres...-, ¿NO SON SUFICIENTES INTERESES PROVINCIALES?. Abundaré.
El artículo 45 de nuestra Carta Magna configura el medio ambiente como un bien jurídico de cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación que comparten los poderes públicos . Todos tienen el derecho a exigir a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para garantizar la adecuada protección del medio ambiente, para disfrutar del derecho a vivir en un medio ambiente sano.
El derecho a tomar parte en las decisiones sobre medio ambiente, a cualquier persona física o jurídica que asuma responsabilidades o funciones públicas, está reconocido entre otros derechos, en el Convenio Aarhus. Además de en las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, incorporadas por la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
En consecuencia, la intervención no sólo está legitimada en la normativa anteriormente citada, sino que además resulta obligada. La Diputación ha de preparar, confeccionar y presentar unas alegaciones jurídicas propias con apoyatura técnicopericial ¡del más alto nivel¡, so pena, a sensu contrario, de dejación de sus competencias, por los intereses provinciales que se ventilan, porque el derecho avala, y porque la razón existe –y como decía un viejo jurista, la razón, pesa, pesa mucho, pero hay que alegarla-.
Confío y deseo, que esa sobrevenida e interesada falta de legitimación esgrimida por el equipo de gobierno, haya quedado cuando menos, cuestionada. Lo que luego hagas, allá tu conciencia.
Isabel, el pasado día 22 de noviembre, comparecimos en sesión del comité de peticiones en Bruselas –nuestro aval, el derecho comunitario y 20.000 firmas, que se siguen incrementando diariamente-, digo, dos leoneses y una asturiana, para oponernos a la línea, a defender lo nuestro, el legado que nos transmitieron nuestros ancestros y que nosotros, con orgullo, pensamos transmitir a nuestro hijos. Y entre conversación y conversación –que el edificio Spinelli da para muchas- con los unos y los otros, unánimemente –ello incluye a los eurodiputados de tu grupo-, se evidenciaba la justificación de la obra –que no coincide en nada con la alegada en el estudio de impacto ambiental-, en la ampliación del puerto gijonés del Musel y en la construcción en el mismo de una regasificadora, proyecto este último, promovido y defendido por el Sr. Vicente Álvarez Areces, jefe del ejecutivo asturiano (PSOE), con el respaldo del Ministerio de Industria y Energía (Z). De la no necesidad, irraci onalidad, y despropósito de la mentada obra, por espacio del medio, y por ser público y notorio, no hablaré, pero a tu disposición estoy si lo consideras oportuno.
Isabel, o a mí se me escapa algo -que es posible, no te lo discuto- o al Sr. Herrera, le han dado, y él ha aceptado, dos contrapartidas para la Comunidad, que no valen ni de lejos el perjuicio que nos va a irrogar, a todos los leoneses en general, y a los montañeses en particular. Y esto de la línea, Isabel, no son ruedas de molino con las que se comulguen.
Por todo ello, Isabel, te pido, primero, que la Institución ejerza las competencias que tiene atribuidas en defensa de los intereses de esta provincia; segundo, transmitas mis inquietudes al Sr. Herrera, y así, que siga la cadena de mando, no sea, que el Sr. Rajoy, a pesar de haber estado hace poco por estos lares, se entere del problema en Marzo del próximo año al analizar los resultados electorales en la provincia, y entonces, será tarde para enmendarla.



REMITENTE:
J. ALBERTO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ